En un hecho inédito, dos jueces federales emitieron resoluciones contra el proceso de discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. La suspensión se emitió para efectos de que el proyecto de dictamen no surta efectos para los quejosos, lo que implica que no pueda ser sesionado por la 66 Legislatura hasta que se emita la suspensión definitiva.
Derivado de un amparo promovido por un grupo de jueces para frenar el dictamen, la jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la nueva 66 Legislatura en San Lázaro suspender la discusión de la propuesta, programada para mañana lunes, ya que al aprobarse los quejosos quedarían en estado de indefensión si eventualmente fueran separados de sus cargos.
La jueza pidió a la Cámara de Diputados informar al juzgado a su cargo sobre el cumplimiento dado a la suspensión de oficio decretada en favor de los jueces y advirtió que la violación a la misma podría equipararse al delito de abuso de autoridad.
“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable”, indicó la juzgadora.
En el acuerdo publicado el viernes, Magaña López señaló que otorgar la suspensión de oficio a los jueces no afecta al interés social ni disposiciones del orden público y que es necesario que se garantice la independencia judicial de cualquier juez en un Estado de derecho.
“Tal como lo estableció la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas, para así asegurar a la sociedad que el acceso a la justicia será libre de presiones”, expuso.
Felipe Consuelo Soto, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, determinó que ambas Cámaras del Congreso de la Unión (Diputados y Senadores) podrán seguir con el proceso legislativo de las reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Sin embargo, en caso de que estas sean aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados, deberán abstenerse de enviarlas a los Congresos de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación constitucional, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó otro grupo de jueces inconformes.
Los jueces adscritos en Chiapas impugnaron la iniciativa de reforma judicial, al considerar que afecta sus derechos fundamentales, que sería imposible reparar en caso de que sea aprobada.
Cuatro magistrados del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervenir ante “una destitución masiva” de jueces, prevista en la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La destitución masiva fraguada por el grupo en el poder es inminente. Mediante un abuso del modelo de reparto de curules han logrado asegurar una mayoría legislativa en la Cámara Baja que les permite modificar la Constitución sin ningún tipo de contrapeso”, alertaron a los representantes permanentes ante la OEA en una carta.