Emilio Lozoya espera el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la actual administración en mejores condiciones que las que el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio a Javier Duarte, que también se apegó a esa figura jurídica.
El criterio de oportunidad está vigente en Mexico desde 2016 con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, caracterizado por la oralidad. Hasta ahora el de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es el antecedente más mediático.
Duarte, pese a las acusaciones de millonarios desvíos al erario de Veracruz, estuvo sujeto a proceso, pero antes del juicio accedió al juicio abreviado con el que, una vez que aceptó su responsabilidad, logró una reducción de la pena en una cuarta parte.
El juez de control apenas le impuso 9 años de prisión de los 40 que pudo alcanzar si es que no hubiera alcanzado una negociación.
En el caso de Lozoya, se encuentra en calidad de detenido con base en dos órdenes de aprehensión por cuatro delitos, dos de lavado de dinero, uno por asociación delictuosa y otro por cohecho.
El exdirector de Pemex busca ser incluido como testigo colaborador de la FGR, y el principal beneficio sería que la Fiscalía desista de la acción penal en su contra.
Además, se le darían beneficios de asistencia y protección.
En el primer caso incluye la cobertura de sus gastos indispensables, dentro o fuera del país. Y en el segundo caso, se prevé custodia policial, facilitar su reubicación e incluso una nueva identidad.
Hasta ahora no se ha oficializado si el citado acuerdo ya se concretó y en su caso en qué términos. Tampoco se sabe si como parte de la negociación está la devolución de los recursos desviados en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
A cambio de esos beneficios, Lozoya debe dar información esencial de efectiva para desarticular una estructura criminal que incluye delatar a funcionarios de alto nivel de la pasada administración.